Asesoría Jurídica Corporativa:          Primera parte  Artículo 2 de 10

Administrativo y Fiscal

 En “TodoSobrelaLey” estamos conscientes que las empresas Mexicanas tienen numerosas responsabilidades y obligaciones incluyendo entre estas el mantener en orden todos sus documentos de carácter legal: escritura constitutiva, participación y certificados accionarios, actualización de capital, actas de asambleas ordinarias y extraordinarias, minutas de sus juntas de consejo y/o de administración, facultades y poderes otorgados a sus ejecutivos y demás personal de confianza, vigencia de licencias, concesiones, registros, etc.

 Los empresarios y en sus negocios, deberán también tener muy presente las implicaciones y  las consecuencias derivadas de los Convenios, Contratos, Franquicias, Sociedades Civiles y Mercantiles, Asociaciones en Participación, Compra Venta de Inmuebles y otros bienes incluyendo Certificados Agrarios, Arrendamientos, Comisiones y Mediaciones Mercantiles en las que participen o formen parte ya que deberán mantener de manera muy ordenada y profesional todas sus actualizaciones, registros, modificaciones, etc.,  toda vez que las nuevas adecuaciones normativas generan un consistente y constante riesgo de ser sancionados por las autoridades competentes que hoy por hoy, asechan vorazmente a las empresas, sus accionistas, ejecutivos, representante legal y contadores, asecho cuya finalidad es la de obtener a como dé lugar ingresos adicionales para poder mantener, entre otros, sus excesivas nóminas y programas francamente confiscatorios y muchos otros obsoletos.

Las obligaciones y sobre todo la responsabilidad Fiscal de las empresas, la de los empresarios propietarios del negocio, sus ejecutivos, representante legal y su contador, han alcanzado niveles de riesgo muy elevados derivados del la creación, implementación, y modificación de nuevas leyes, reglamentos y demás normas jurídicas en las que se encuentran inmersas las actividades productivas, frenando con ello la Inversión de nuevos recursos, sean estos producto de la misma actividad de las empresas o por inversión de capital de empresarios mexicanos y extranjeros.

Un número muy elevado de empresarios y sus empresas, se mantienen estáticos e indiferentes ante la tremenda embestida que el tema Fiscal representa, sin medir adecuadamente sus implicaciones y sus nefastas consecuencias.

 Derivado de la Globalización mundial, empresarios y grupos de inversionistas mexicanos comienzan a incursionar en el ámbito del las inversiones transnacionales, moviendo fuera del País capital liquido en busca de una mayor retribución de su inversión, olvidándose, por una precepción errónea o una mala asesoría, de que los ingresos obtenidos fuera de México por las personas o sus empresas; por ley son sujetas al pago del Impuesto Sobre la Renta.  Es importante enfatizar que, de conformidad con lo establecido en las disposiciones fiscales mexicanas vigentes, las personas físicas (empresarios) residentes en México o en el Extranjero, deberán pagar Impuesto Sobre la Renta que corresponda respecto de todos sus ingresos, sin importar la procedencia de estos; es decir tributarán bajo el sistema denominado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como, “Renta e Ingreso Mundial”.

Con el antecedente aquí expuesto, resulta vital para el empresario, conocer las implicaciones fiscales que podrían generarse en virtud de sus inversiones en el extranjero, incluyendo la herencia que de dichos recursos lleven a cabo los inversionistas a sus familiares.

 En “TodoSobrelaLey”, constantemente nos mantenemos a la vanguardia con actualizaciones, y preparación profesional para que través de nuestros servicios de asesoría, el empresario y sus negocios conozcan y reciban las diferentes alternativas, herramientas, mecanismos y su beneficios que existen a su disposición para poder lograr la mayor eficientizacion de los sus recursos y sobre todo utilizando estas estrategias, apegados a “Derecho”, congruente con las normas tributarias, para que de igual forma evitase cualquier contingencia y riesgo fiscal que pudiere presentarse.

Resulta imperativo y de suma importancia una adecuada planeación fiscal para obtener el mayor beneficio de los diferentes ingresos por los que la Ley del Impuesto Sobre la Renta pudiera otorgar una exención del pago del impuesto correspondiente a los empresarios, así como la actualización de diversas estructuras jurídicas Nacionales e Internacionales que pueden llegar a ser instrumentadas, dentro de las cuales se puede incluso incluir la preparación, planeación, organización y estructuración de la venta de los activos y acciones de las empresas propiedad de los empresarios, incluyendo la creación de algún fideicomiso y/o  figuras jurídicas similares en el extranjero.

Convenios, Contratos y Franquicias

Las empresas y los empresarios Mexicanos, por su simple naturaleza, estarán siempre inmersos en actividades que se encuentran reguladas por las leyes mexicanas y en algunos casos por Tratados Internacionales; muy en particular resulta la observancia del artículo 75 del Código de Comercio que entre otras cosas define como actos de Comercio, todos aquellos en donde exista el “libre  intercambio de mercancías y servicios con afán de lucro”, y quien realiza actos tendientes a la consecución del lucro, ya sea de manera individual o mediante una sociedad mercantil, se le reconoce en el ordenamiento de referencias como comerciante, lo que implica contraer de facto una serie de derechos y obligaciones reguladas por un sinfín de reglas del derecho privado por tratarse de personas físicas o morales y del derecho público por la necesidad ineludible de obtener del Estado Mexicano autorizaciones, concesiones, licencias, permisos, etc., por lo que consideramos imprescindible contar con asesoría profesional, experimentada y especializada como la que ofrecemos en “TodoSobrelaLey”.

Las empresas por virtud de su objeto siempre se verán en la necesidad de celebrar “Convenios y/o Contratos” para la consecución de sus propias actividades y fines, pero que diferencia existe entre uno y otro?, cuál será el más conveniente?, a simple vista parece lo mismo pero no lo es; los Convenios jurídicamente permiten crear, transmitir, modificar o extinguir los derechos y obligaciones entre las partes, en tanto que los Contratos permiten únicamente crear o transmitir obligaciones y derechos.

Los Convenios y los Contratos pueden implicar gran complejidad en virtud de su especificidad y objetivos; unos podrán ser creados y utilizados para regular las actividades entre la empresa y sus trabajadores, personal de confianza, etc., otros para convenir en los términos en que una franquicia puede y debe ser operada, y algunos otros para establecer reglas de carácter general y la relaciones con proveedores y prestadores de servicios diversos. En todos ellos habrá que observar muy de cerca sus requisitos de validez, capacidad, consentimiento, dolo y sobre todo evitar por desconocimiento caer en “el error”, ya que muchas veces al efectuar un contrato puede ser que se presente confusión o equivocación en el objeto o las características del mismo y si dicho error modifica sustancialmente el contrato éste puede ser anulado.  

 Sociedades Mercantiles, Acciones, Etc.

Una realidad con la que con frecuencia nos enfrentamos aquí en “TodosobrelaLey”, al analizar, evaluar y reportar el estado que guarda la estructura legal de las empresas es que en la gran mayoría de estas, no se cuenta con la totalidad de los documentos que legalmente se requieren para operar el negocio, las licencias no están vigentes, no se cuenta con datos registrales en sus permisos y concesiones, las acciones de la sociedad no han sido emitidas, o se encuentran sin requisitar; el objeto social de la empresa no coincide con la operación cotidiana de la misma, o simplemente es inadecuado, el capital social constitutivo no ha sido jurídicamente actualizado, no existen minutas sobre las juntas de consejo y/o asambleas mandatorias o éstas no se han protocolizado, ni mucho menos registrado, y así como estos breves ejemplos, muchas son las irregularidades que pueden con adecuada asesoría y supervisión constante ser corregidas, evitando posibles multas, sanciones e inclusive suspensiones temporales o permanentes de la actividad de las empresas.   

Mas grave aun resulta el hecho que en la gran mayoría de las empresas, los administradores no cuentan con facultades conforme a derecho, o estas se otorgaron de manera excesiva; sus poderes no han sido actualizados y no se encuentra registrado el fondo de reserva como lo indica la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Los estatutos, reglamentos y regímenes especiales de las empresas desde nuestro punto de vista deben analizarse también  con conciencia, objetividad y deberán siempre adecuarse en forma congruente con las necesidades específicas de la empresa, ser expuestos con claridad para aquellos quienes deban sujetarse a ellos, ser flexible y  sujetos a  modificaciones necesarias.

De conformidad con lo que señala en articulo 152 y 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los Comisarios, quienes son responsables de vigilar en general ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad, deberán además cerciorarse del cumplimiento por parte de los administradores y gerentes de la empresa de garantizar debidamente las responsabilidades que pudieran contraer por el desempeño de sus encargos.

En la práctica, la realidad es otra, “no se llevan a cabo estas funciones”; de hecho se ignora su existencia,  responsabilidad y graves consecuencias por su incumplimiento.