Artículo 4 de 10

En el mes de junio de este año, se publicaron dos importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las cuales impactan directamente a la Ciudadanía en general y también en la forma de administrar, aplicar e implementar la Justicia Federal en México.

La primera de ellas concierne fundamentalmente al Juicio de Amparo, Ley protectora de nuestras garantías individuales y de los derechos fundamentales de las personas por excelencia, incluyendo entre estas, a las denominadas como personas morales;  Juicio,  éste, que se ve robustecido al ampliarse la procedencia del amparo en relación con cualquier norma de carácter general y al preverse también su procedencia por violaciones a los derechos humanos inmersos en los Tratados Internacionales en los cuales México haya suscrito con el resto de Mundo.

Las reformas contienen novedosos y vanguardistas conceptos, como la introducción de figuras jurídicas tales como, el “Amparo Adhesivo” y los “Intereses Legítimos Individual y Colectivo”.

Adicionalmente se adoptaron nuevos conceptos en torno a la “Violación de Derechos por Omisión de las Autoridades”, concepto éste verdaderamente trascendente en la administración de la justicia en nuestro País.

De gran relevancia resulta también, “La Declaratoria General de Inconstitucionalidad”, de la cual conoceremos sus alcances, consecuencias y condiciones al implementar la Ley Reglamentaria respectiva; de nueva creación los denominados “Plenos de Circuito” y la creación de una nueva forma de integrar Jurisprudencia “por sustitución”.

La segunda, en íntima relación con la anterior y en materia de los Derechos Humanos, el reconocimiento del principio “Pro Persona” como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas normas jurídicas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. En esta segunda reforma en particular, resaltan, la ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, como las relativas a los migrantes y a la suspensión de garantías, aunadas a la obligatoriedad del Estado mexicano observar los Tratados Internacionales firmados por éste.

Las reformas Constitucionales a la Ley de Amparo y Derechos Humanos aquí referidas, generan la imperante necesidad de conocer, analizar y profundizar en el estudio de los Tratados Internacionales en los que se reconocen derechos humanos y en que el Estado mexicano es parte, toda vez que su observancia es obligatoria para todos.

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