Primera parte de díez.

En nuestro País, la figura jurídica del Fideicomiso tiene sus origines en el “Trust Anglo Sajón”, muy particularmente, ésta figura jurídica fue adoptada por el estado mexicano para beneficiar y dar certeza jurídica a las partes integrantes del Fideicomiso en la construcción de los ferrocarriles en nuestro País, utilizando al Fideicomiso como un instrumento legal de garantía con el cual los bancos en aquel entonces otorgaban prestamos para obra pública.

Además de las circunstancias jurídicas que propiciaron la adopción del fideicomiso en México, también se originó la aceptación y aprobación específicamente de los bancos de fideicomiso, acoplando su implementación derivada del  ”Trust Anglosajón” y  bajo la denominación de “ Departamentos Fiduciarios”.

No obstante que históricamente el fideicomiso mexicano surge de la visión de utilizar esta figura jurídica para la implementación de infraestructura y obra pública,  el Gobierno Federal de México, encontró, en el fideicomiso, un medio eficaz para atender las demandas de escasez de vivienda popular.

El sector privado, antes de las modificaciones que gravaren  la compra venta y el fideicomiso en 1974, utilizó éste último, para la operación de fraccionamientos y complejos habitacionales, sin embargo los particulares no aprovecharon en aquel entonces, los beneficios de este instrumento legal para fines familiares, como es el caso del uso frecuente del Trust Anglosajón en Estados Unidos de Norte América e Inglaterra, donde es utilizado con frecuencia en la disposición de la repartición de bienes, ejecuciones testamentarias y de gastos familiares.     

Los efectos positivos que la integración del fideicomiso han traído consigo, son evidentes en el gobierno mexicano, que ha creado fideicomisos para un sin número de actividades, por mencionar solo algunos como el “FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES” (FONHAPO) y FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION A LA AGRICULTURA (FIRA), etc.

Con motivo de las modificaciones del artículo 27 de la Constitución mexicana y la implementación de la Ley de Inversiones Extranjeras, ahora los fideicomisos, son prácticamente, el único instrumento jurídico con que cuentan aquellos extranjeros que pretenden adquirir bienes inmuebles en las zonas fronterizas y litorales mexicanos, instrumento que les garantiza certeza jurídica.

El 24 de diciembre de 1924, en México se abrogó el Ordenamiento de 1897 que desde entonces, había regido la materia bancaria y se inicio la revisión de las leyes referentes a los bancos y al crédito mediante  la Ley de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, en donde por primera vez, aparece la figura del fideicomiso en nuestra legislación, publicándose ésta Ley en el Diario Oficial de la Federación  el 16 de enero de 1925.

El artículo sexto fracción Vll, en aquel entonces determinó: “se considerarán instituciones de crédito para los efectos legales: los Bancos de Fideicomiso”  y a su vez los artículos 73 y 74 de dicha Ley los menciona explícitamente.

 

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