Artículo 9 de 10

 

De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 27 Constitucional, sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas, podrán adquirir el dominio de tierras en territorio nacional. El Estado podrá conceder a los extranjeros el mismo derecho siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como mexicanos y en renunciar a invocar la protección de su Gobierno por lo que se refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación los bienes que hubieran adquirido.

Ahora bien, el gobierno mexicano ha dividido el  País para efectos de adquisición de propiedad inmobiliaria por conducto de los extranjeros en dos áreas; el área denominada como: no restringida y aquella que lo es; ésta última, se refiere a la obligatoriedad de los compradores extranjeros de adquirir inmuebles dentro del perímetro de 50 kilómetros de cualquier costa y 100 kilómetros de cualquier frontera, adquiriendo únicamente a través de Fideicomisos y en algunos casos a través de Sociedades Mercantiles con cláusula de inclusión de extranjeros y siempre y cuando dichos inmuebles, no se adquieran con fines de establecer su residencia en el País.

Al respecto y de conformidad con el Acuerdo General publicado el 2 de marzo de 1998, mismo que entró en vigor al día siguiente, los nacionales de aquellos países con los que los Estados Unidos Mexicanos sostiene relaciones diplomáticas podrán beneficiarse de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 10-A de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que únicamente deberán presentar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan lo dispuesto por la fracción I del artículo 27 Constitucional para adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida, es decir en el resto del País donde no exista la premisa anteriormente expuesta.

Los permisos que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir fideicomisos, tiene por finalidad permitir el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles ubicados en zona restringida en favor de extranjeros (personas físicas o morales) o bien, a sociedades mexicana con cláusula de admisión de extranjeros como anteriormente comentamos, siempre y cuando el inmueble se destine a fines residenciales y se otorgarán, por un periodo máximo de 50 años. (Renovables, previa solicitud por escrito) El contrato de fideicomiso deberá constar siempre en escritura pública.

El permiso es otorgado a instituciones de crédito (banco) para que adquieran como fiduciarias el dominio de los inmuebles y permitan su uso y aprovechamiento a los extranjeros. Este permiso consta por escrito y en el cuerpo del mismo se observan como partes del fideicomiso; el fideicomitente, el fiduciario y el o los fideicomisarios (titulares y substitutos extranjeros, como beneficiarios directos del inmueble). En los términos de lo dispuesto por los artículos 11 de la Ley de Inversión Extranjera y 9 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, se establece que para obtener el permiso para la constitución de un fideicomiso en zona restringida, la institución bancaria a través de su delegado fiduciario deberá presentar un escrito libre que contenga los siguientes:

 

A. Nombre y nacionalidad del fideicomitente.

B.  Nombre de la Institución de crédito (banco) que fungirá como fiduciaria.

C.  Nombre y nacionalidad del fideicomisario y, si los hubiere, de los fideicomisarios en segundo lugar y de los fideicomisarios substitutos.

D.   Duración del fideicomiso.

E.   Uso que se le dará al inmueble.

F.   Descripción, ubicación y superficie del inmueble objeto del fideicomiso.

G.  Distancia del inmueble respecto de la Zona Federal Marítimo Terrestre o frontera.

H.   Anexo que contenga las medidas y colindancia del inmueble.

I.    Cubrir el pago de derechos por las cantidades que establecen las fracciones III y V inciso a) del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos vigente, en cualquier institución bancaria  o bien, mediante una transferencia electrónica de fondos en las instituciones de crédito certificadas.

J.   La solicitud deberá presentarse en original y copia.

 

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