El pasado 10 de Diciembre el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la reforma al párrafo tercero del artículo 17 constitucional con el fin, de incorporar en nuestro régimen jurídico de impartición de justicia, la figura procesal de acciones colectivas en manos de ciudadanos, organizaciones civiles, autoridades públicas y grupos de afectados, para darles legitimación activa para poder demandar ante los tribunales federales, la tutela de derechos colectivos o difusos en materias varias tales como protección al consumidor, al medio ambiente, a la competencia económica, al patrimonio cultural y urbano, a los derechos humanos; así mismo el Marzo de 2011, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las mencionadas reformas al  .

Artículo 17 de la Constitución Política Mexicana:

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Gratamente hemos observado la celeridad con la que los legisladores también, aprobaron reformas diversas a las leyes normativas y reglamentarias del artículo 17 de nuestra Carta Magna, normas reglamentarias éstas, que regularán a partir de Marzo del 2012 los procedimientos y aplicaciones en su caso de dichas acciones jurídicas colectivas, decretadas y publicadas el pasado 30 de Agosto de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.

Estas acciones colectivas, serán un catalizador de la reforma del Estado, de la reivindicación del Estado de Derecho, al permitir a los ciudadanos mexicanos y a sus organizaciones civiles y sociales, presentar demandas judiciales colectivas para la defensa de intereses y derechos colectivos y difusos, toda vez que la práctica anterior ha demostrado que los procesos judiciales individuales son francamente inviables para los particulares; principalmente por sus altos costos y las enormes asimetrías consagradas entre los consumidores o ciudadanos afectados y las contrapartes; típicamente éstas, corporaciones, personas morales públicas o privadas con enorme poder económico y político cuyas infracciones o abusos quedaban en consecuencia impunes al no haber individuo que pudiera asumir los riesgos y costos de un juicio individual contra aquellas entidades.

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