Ha sido utilizado un concepto de garantías de igualdad a lo largo de muchos años en nuestro sistema jurídico, el cual, consiste en lo siguiente: El conjunto de disposiciones constitucionales que, sobre la base de que las personas deben ser tratadas de conformidad con la situación jurídica en que se encuentren, establecen derechos a favor de individuos y, correlativamente, obligaciones a cargo del Estado, que se traducen en la imposibilidad de que este, al ejecutar sus funciones, tome en cuenta características que entrañen un trato desigual para quienes se ubiquen en los supuestos contemplados en las leyes. Este concepto fue recogido en la Constitución Federal de 1917 y, paulatinamente, se le han añadido, términos, situaciones y circunstancias que han hecho evolucionar tales garantías. Incluso, fuentes internacionales se han hecho cargo de las mismas, como el Pacto de San José, Costa Rica, el cual en relación al tema señala que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. Estas garantías, como se ve, son inherentes al ser humano por el solo hecho de serlo, y no distinguen condición, clase, sexo, etnia, religión ni ninguna otra característica que pueda dar margen a discriminación. La cámara de senadores del Congreso de la Unión, ha votado, por unanimidad, una reforma constitucional consistente en la facultad que se otorga al Estado para que puedan ser sujetos de proceso penal funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno, incluidos aquellos a quienes la propia Constitución y las leyes secundarias, les otorgaban fuero. Hasta aquí todo tiene buena apariencia. Sin embargo, los senadores, si bien votaron por unanimidad tal reforma, se pronunciaron en que los funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República, pudiera ser sujeto de proceso penal, acotaron que tal facultad quedaba restringida a que el proceso penal se instruyera pero sin que el funcionario publico fuera destituido de su cargo, perdiera sus emolumentos, gozara incluso, de derechos políticos ciudadanos, y, por si fuera poco, no se le aplicara ninguna medida cautelar, como es el caso de la prisión preventiva, o quizá, una menos gravosa, como lo pudiera ser, la libertad provisional bajo caución. En verdad, esto me parece una burla al pueblo de México, y lo señalo  en virtud de que las garantías de igualdad a que me refiero al inicio de este texto, quedan por el piso para los señores senadores quienes, al parecer,  para nada se detuvieron a revisar. ¿Por qué razón procesar, por ejemplo, a un diputado local, sin que se le imponga una medida cautelar, y a un ciudadano común y corriente que cometió, por ejemplo, un robo, si se le tenga que aplicar, en proceso penal, una medida cautelar, incluida la mas gravosa, como lo es la prisión preventiva? Como deje anotado, las garantías de igualdad no distinguen condiciones políticas o sociales para aplicarse en unos y en otros no. ¿Cuáles fueron los argumentos de los senadores para el debate en esta reforma, si es que los hubo?. Pensemos, por ejemplo, que al funcionario público determinado, se le ocurre conducir ebrio su vehículo y bajo esas circunstancias atropella y priva de la vida a una persona, es detenido en flagrancia, pero como la reforma que comentamos le beneficia, pues será puesto en libertad de inmediato y sera, si, procesado, pero en la comodidad de su despacho u oficina percibiendo el salario que el erario publico le otorga; pero, por otro lado, un ciudadano común, comete el mismo hecho que el citado funcionario, pero con la diferencia de que a aquel se le pondrá en prisión preventiva dado que el delito que cometió es considerado como homicidio por culpa, pero agravado, y desde luego, estará en prisión. Esto ya no tiene buena apariencia. Y no la tiene en el sentido de que se reforma la Constitución Federal sin revisar los propios principios que la misma contiene, sin observar fuentes internacionales en materia de derechos fundamentales. Esto, de nueva cuenta, no deja buen sabor de boca al orden jurídico mexicano. Espero y confió que las entidades federativas, mediante sus legislaturas, no dejen pasar  esa aberración.

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