Artículo de fondo escrito y Publicado por Jonathan Heath en Pulso Económico diciembre 15, 2011

El viernes, 9 de diciembre, la Comisión de Salarios Mínimos estableció que el incremento para 2012 será de 4.2 por ciento a partir del primero de enero.  De esta manera, el promedio aritmético de las tres zonas del país será 60.66 pesos diarios, que equivale a 1,819.80 pesos al mes.  Resulta interesante observar, como lo señala Enrique Quintana en su columna del periódico Reforma el pasado martes, que el nuevo mínimo se ubica por debajo de lo que el Coneval señala como el nivel de ingreso mínimo requerido para no estar debajo de la línea de pobreza, que es de 2,218 pesos mensuales per cápita en las zonas urbanas.

Incluso, él señala que si se considera que el tamaño promedio de una familia en México es de cuatro, el salario mínimo debería ser de 8,872 pesos para cumplir con lo que señala el Artículo 123 de la Constitución.  Este argumento es un poco endeble, ya que hay más de una persona que trabaja en una familia típica de este nivel de ingresos.  Sin embargo, no resta mérito alguno a su punto principal que es que existe una brecha enorme entre el salario mínimo y lo que debería ser para cumplir con la Constitución.

Quintana señala que el pragmatismo económico nos ha llevado a admitir que no importa que se viole tanto la letra como el espíritu de un artículo constitucional, con tal de que el sistema no se vaya a trastornar con un incremento excesivo del minisalario.  Peor aún, no existe entre ningún partido político la valentía de dejar de hacer simulaciones y reformar la Constitución para que la redacción corresponda con la realidad.  Estoy totalmente de acuerdo con su comentario; si bien ha sido casi imposible concretar una reforma laboral que toque los puntos menos controversiales, cómo pensar que se podría reformar el famoso Artículo 123.

Sin embargo, faltó señalar algo muy importante que no sólo es que un incremento excesivo podría trastornar el sistema.  Es el hecho de que un salario mínimo excesivo crea un desaliento enorme hacia la creación de empleos.  Si el mínimo hubiera quedado en los niveles reales que existieron en 1976, que no eran tan diferentes al que Quintana argumenta que se necesitaría para que una familia estuviera por encima de la línea de pobreza, es casi un hecho que no se solucionaría ni mínimamente el problema.  El desempleo será muchísimo más elevado, creando pobreza por otro lado.  El sector informal, ya de por sí muy grande, sería inmensamente mayor.  Los desequilibrios en el mercado laboral serían enormes y tendríamos mucho más problemas que ahora.

La razón de fondo es que el mercado laboral es un concepto de una economía de mercado moderna, donde existe una oferta laboral (las personas que ofrecen su trabajo) y una demanda (las empresas y unidades económicas que lo necesitan).  Hace varios siglos (o incluso menos), la gran mayoría de la población vivía de la agricultura de autoconsumo y casi no había empresas que demandaban el trabajo de las personas.  Por lo mismo, el desempleo tal como lo conocemos ahora realmente no existía.  En la medida en que la economía se fue industrializando, se fue desarrollando el mercado laboral hasta llegar a como está ahora.

En muchos aspectos, el mercado laboral es similar a cualquier otro.  Tiene una oferta y una demanda que responde al salario.  Entre más alto es el salario, más oferta, y entre más bajo, más demanda.  En principio, existe un equilibrio entre los dos factores, que es el que determina el salario de mercado.  Si se establece un salario mínimo por arriba de este equilibrio, aumenta el desempleo.  En cambio, un mínimo menor al equilibrio resulta casi irrelevante.

En la década de los 70 (y todavía en los 80), teníamos un salario mínimo relativamente elevado, es decir, que se ubicaba por encima del equilibrio de mercado.  Los aumentos nominales que se otorgaron en la segunda mitad de los 70 y en los 80 fueron, sin lugar a duda, menores a la inflación, por lo que hubo un deterioro significativo en su poder adquisitivo, hasta que en algún momento se ubicó por debajo del equilibrio y empezó a perder su relevancia.

La mejor manera de comprender este fenómeno es el del mercado de servicio doméstico, es decir, el de las muchachas que contratamos en el hogar para que nos ayuden con la limpieza y otros quehaceres domésticos.  Hace 30-35 años el salario promedio que se pagaba era menos que la mitad de un salario mínimo.  Gracias a que no es un mercado regulado y funciona totalmente mediante la libre interacción entre oferta y demanda, hubo empleos para muchas personas en este mercado, que sí se tuviera que pagar el mínimo, prácticamente no hubiera existido.  Ahora, se paga por lo menos entre 200 y 250 pesos al día, siendo que muchos hogares pagan todavía más.  Esto es por lo menos tres veces el mínimo que rige ahora.

Lo que queda claro es que sí el poder adquisitivo del mínimo hubiera quedado en los niveles de hace 35 años, la tasa de desempleo en el país sería inmensamente mayor a la que existe ahora.  Nuestra competitividad estaría en los sueles, jamás hubiéramos podido resolver el problema de sobreendeudamiento que teníamos y casi me aventuro a decir que hubiéramos caído en una crisis de dimensiones incalculables.

Las estadísticas de desempleo prácticamente no existían en ese entonces, pero mediante una reconstrucción y encadenamiento de lo poco que existe, logré calcular una serie de desempleo desde 1973 a la fecha.  Encontré una relación inversa muy significativa entre el salario mínimo real y la tasa de desempleo.  La conclusión es que gracias a que no se acotó con lo que dice el Artículo 123 de la Constitución, se han creado mucho más empleos y hemos logrado bajar significativamente el desempleo.

La manera de mejorar el poder adquisitivo de las familias y reducir la pobreza no radica en otorgar mayores aumentos en el salario mínimo.  Tiene que ver con inversión en infraestructura y educación y mucho más factores que determinan la competitividad y productividad en el país.

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