Estimado Don Martín, en respuesta a su invitación a ejercer nuestra dúplica relacionada con el tema de los juicios orales en México, queremos compartirle a usted y a nuestros demás colegas que nos distinguen con su amistad y participan de nuestros análisis y discusiones en este medio, que en primer término, nuestra resistencia a la implementación de los juicios orales en México se debe precisamente a esa falta de preparación de los operadores a los cuales hace usted referencia en su comunicación anterior. Muy particularmente, consideramos que no está a discusión la necesidad de mejorar nuestro sistema de justicia, pero sí lo está, con espíritu constructivo y de respeto, las acciones concretas realizadas y a realizar para que esta reforma camine en la línea de la búsqueda de justicia y no en la contraria, incluyendo la franca posibilidad que dicha reforma se convierta en una gran válvula de escape para delincuentes y sobre todo vulnere las garantías individuales de los gobernados, ya que la supuesta modernización, ha dejando a un lado la implícita serie de reformas paralelas necesarias a otros ordenamientos jurídicos, pero sobre todo, ha incursionado a un sistema procesal y normativo cuya raíz es completamente ajena a nuestra tradición jurídica. Ahora bien, nuestra resistencia adicionalmente sustenta fundamento en el hecho irrefutable que lo que finalmente se realizó en el Congreso, fue una reforma al sistema de justicia penal que pretende introducir en México los juicios orales, y por ende, el sistema acusatorio, más no corta de tajo la tradición jurídica que ha prevalecido en nuestro País, como la forma de creación del Derecho, la organización judicial, el juicio de Amparo u otras instituciones jurídicas que aún subsisten a la reforma, como el caso muy particular del Ministerio Público, el cual dicho sea de paso, pertenece a un sistema jurídico inquisitorio; pero que nada nos asegura además, que en esta vorágine de la globalización, el siguiente paso de nuestros legisladores, sea más radical que la implementación de un sistema de justicia para el que no estamos preparados. Toda vez que la implementación de los juicios orales penales y ahora también Civiles y en materia Mercantil, que nuestros legisladores han puesto en marcha, nos refieren a las siguientes preguntas: ¿Tomaron en cuenta la situación actual de País para implementar un sistema acusatorio que respete al máximo los principios rectores de dicho sistema como lo son La Oralidad, Publicidad, Contradicción, Concentración, Continuidad e Inmediación?; ¿la cultura o incultura que priva en México, la falta de infraestructura, de personal y de recursos económicos?; ¿las serias y diametrales diferencias, además de la marcada desigualdad procesal que presenta la fe pública que ostenta la figura del Ministerio Público?; ¿este sistema ahora impuesto, responde al puro sistema anglosajón de Inglaterra o más aún al sistema norteamericano, el cual está teniendo enorme influencia en países Latinoamericanos, incluyendo en éstos, como dicen los segundos, al nuestro?. Las fuentes del Derecho de los países sajones son muy distintas a las nuestras, la de éstos, es obra del Derecho consuetudinario, la nuestra, sigue las raíces canónico germánicas con directriz al Derecho legislado y plasmado por escrito, también existen diferencias substanciales en la orientación filosófica, así como en la forma en que se desarrollan los juicios y la forma en la que se interpretan los principios que rigen a cada sistema de enjuiciamiento en la práctica forense, lo que nos conduce al umbral de un sistema jurídico que no sólo es desconocido, sino que además, requiere no sólo de talento sino de una ardua y rigurosa formación profesional que le permita a todos los actores Jueces, Agentes del Ministerio Público y Abogados Defensores, llevar a la práctica los juicios acusatorios sin distorsionar los principios rectores que ineludiblemente se deben aplicar para el correcto funcionamiento de este modelo de enjuiciamiento, principios por mencionar sólo algunos, el de la oralidad y el del debido proceso, la discrecionalidad de la acción, la carga acusatoria de la prueba, la naturaleza del proceso como controversia basada en la igualdad de las partes, la atribución a éstas de toda la actividad probatoria y hasta la disponibilidad de las pruebas, la publicidad, etc. Tampoco resulta preciso sostener, que los juicios orales en México son nuevos, puesto que ya con anterioridad en materia penal se habían implementado en el siglo XX, y además hasta hoy en día, en materia Agraria y Laboral los juicios son predominantemente orales. A partir del decreto en el año 2008, que sin precedente alguno modifica las Garantías Constitucionales en México, nos percatamos que todos los gobernados ahora, tendremos derecho a un proceso penal acusatorio (también Civil y Mercantil, decretos de años recientes) que tienen como distintivo la oralidad y cuya falta de técnicas jurídicas propias de este sistema en los operadores mexicanos, evidentemente dará como resultado final un sistema de justicia que sólo beneficia a la delincuencia otorgándoles impunidad pues finalmente quienes más afectados se han visto por los errores previsibles del sistema son las víctimas del delito y de manera indirecta la sociedad, debido principalmente a que se han implementado reformas parciales que introducen como hemos señalado, figuras jurídicas de manera aislada sin acompañarlas de los principios que deben apuntalar el sistema que las va a sostener, como lo son en este caso, que aun cuando la reforma constitucional confiere expresamente el carácter de acusatorio a los procesos penales, en la etapa procedimental el Ministerio Público se niega a renunciar completamente a la cómoda armadura inquisitoria con que fue investido desde su creación en al Constitución de 1917, a decir de un ilustre jurista el Doctor Sergio García Ramírez. Por último queremos hacer reflexión en el hecho que la praxis de los procesos penales, civiles y mercantiles apegada a el principio de la oralidad, obliga al Juez a ir resolviendo cuestiones incidentales frente a todos los espectadores del juicio, fundando y motivando decisiones únicamente con la lógica argumentativa y teatro retórico de la oratoria, lo que impide el análisis exhaustivo y la reflexión mesurada y metódica tanto del Juez, como de los demás operadores, además del inminente estado de indefensión al que se somete al Indiciado y su Abogado defensor tal y como sucede en el Estado de Veracruz y otros Estados, donde el juicio oral sumario se abre después de haber dictado auto de formal prisión, lo que significa que el procesado no tuvo las mismas oportunidades procesales que el Ministerio Público, lo que contraviene abiertamente el espíritu y los principios del sistema acusatorio. Estamos conscientes de la enorme posibilidad que nuestra posición contraste importantemente con la de muchos de nuestros colegas y lectores, sin embargo, es sólo eso, nuestra opinión derivada de nuestro análisis y consideraremos siempre con riguroso respeto conclusiones distintas a las nuestras.