Comenzaremos por destacar el contenido del artículo  DOS fracción VII de le ley evocada:

VIII. Persona generadora de maltrato escolar: estudiante o estudiantes, personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de familia o tutores que, individual o conjuntamente, infligen algún tipo de maltrato en cualquiera de sus tipos o modalidades contra otro integrante o integrantes de la comunidad educativa;

Lo anterior, constituye un señalamiento firme, hecho Ley, respecto de la responsabilidad en la que podrían incurrir entre otros, todo el personal docente, los directivos de los centros educativos y escolares, así como los padres de familia, al mencionarles, directa y  específicamente en el texto de dicho artículo en la citada ley, toda vez que al correlacionarles con el artículo primero de dicho precepto, a primera vista resalta la inevitable responsabilidad de dichas personas al considerarse los posibles actos delictivos, insertos en el cuerpo de esta Ley; de orden público, interés social y observancia general en el Distrito Federal; así mismo imponiéndoles  “la obligación de las personas que tienen la calidad de servidores públicos en las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, para dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable que garantice la aplicación y respeto los derechos de las niñas, los niños, las y los jóvenes”;

Adicionalmente esta Ley enfatiza en sur artículo Dos fracción IV, que, “Discriminación entre la comunidad educativa es: toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas que integran la comunidad educativa;

 

Ahora bien sobre los efectos y las consecuencias sobre la in-observancia de la Ley respecto de los considerados como (1 los primeros) las VÍCTIMAS y aquellos considerados como (2 los segundos) los AGRESORES, INFRACTORES DE LA LEY.

Los primeros:

Artículo 4 de la Ley: La persona receptora de cualquier tipo y modalidad de violencia en el entorno escolar o de maltrato escolar tiene derecho a:

I. Ser tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos tanto por la comunidad educativa, como por las autoridades competentes;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades del Distrito Federal cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica;

III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia;

VII. A ser canalizada a las instancias correspondientes para su atención oportuna según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso;

VIII. En caso de riesgo grave a que se dicten medidas cautelares tendientes a salvaguardar su integridad física y asegurar su derecho a la vida, integridad y dignidad, y

IX. A la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una indemnización o el pago de daños y perjuicios.

Los segundos:

Artículo 5 de la Ley: La persona que por sus actos se define como generadora de violencia en el entorno escolar o de maltrato escolar tiene derecho a:

I. Ser tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad, al ser receptores de violencia en otros contextos;

III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría psicológica y representación jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias correspondientes, según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso, y

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.

De las consecuencias y sanciones:

Artículo 16 fracción XIV: Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra las niñas, los niños, las y los jóvenes por causa de violencia en el entorno escolar o maltrato escolar, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales;

La significancia y trascendencia del contenido de esta fracción XIV del artículo 16 de la Ley en comento, descansa en  las declaraciones y  preceptos legales contemplados en la propia Constitución Política Mexicana en su artículo primero, cuarto, y, por lo que respecta a los Derechos Humanos y la protección y cumplimiento de los derechos de la niñez, diversas modalidades de Ley para la defensa de lo menores y su reglamentación, etc. Etc.

 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Legislación Mexicana

La suscripción por parte de México a la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989, marcó un compromiso del Estado mexicano por adoptar a nivel federal los principios establecidos en la Convención y actualizar su legislación e instituciones.

En un primer término, al identificarse esta Convención como un Tratado de Derechos Humanos de la infancia, el Estado
mexicano modificó las estructuras federales para el juzgamiento de los menores de 18 años que se encontraban en conflicto con la ley penal.

A) Ley Para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Por medio de la Ley Para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1991, se creó al Consejo de Menores como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica y a cargo de la aplicación de la ley, facultándolo para conocer de las conductas de los menores de 18 años tipificadas en las leyes penales federales y las del Distrito Federal. De igual modo, faculta a los consejos o tribunales locales de los Estados de la República para conocer de las conductas de los menores de 18 años, tipificadas en la ley penal federal, conforme a los convenios que se celebren con la Federación para esos efectos.

Por otro lado, desaparecieron los Consejos Tutelares Federales que se encontraban a cargo de los jueces de Distrito federales, contemplados en los artículos 73 al 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Esta ley contempla una parte orgánica de la estructura del Consejo de Menores, las áreas de procuración y defensa así como el procedimiento y las sanciones o medidas aplicables.

Lamentablemente, esta ley no fue terminante en abandonar las instituciones tutelares y adoptar los principios que marca la Convención, que casi su totalidad se encuentran consagrados en nuestra Constitución como garantías individuales, y realizó una mezcla de principios tutelares y garantistas, causando con ello contradicciones legales y constitucionales severas que deben ser tratadas para dejar de violentar en materia Federal las relaciones del Estado con los niños y adolescentes y adoptar en definitiva los principios de la Convención en esta materia.

B) Reforma al Artículo 4º Constitucional.

El 7 de abril de 2000 fue publicada una reforma al artículo 4 de la Constitución Política, en el que se hace el reconocimiento dentro de nuestro máximo cuerpo legislativo del concepto actual que el pueblo mexicano tiene de su infancia, así como de la responsabilidad que tienen los padres, tutores, custodios y del Estado, de garantizar el ejercicio de sus derechos de la siguiente manera:

Art.4º.-

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

C) Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El 29 de mayo de 2000 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que según su artículo 1º, se “…fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.”

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley”.

En esta ley se establecieron las bases y principios que debe seguir el Estado en función de la protección de los derechos de los niños, las obligaciones de los padres o tutores, los derechos de los niños en todos los ámbitos, así como la sugerencia a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal de crear instituciones que garanticen la protección de los derechos de los niños, sin embargo, omitió establecer o crear un órgano que diera seguimiento a los principios establecidos en la propia ley y en el artículo 4º de la Constitución.

Es importante mencionar que esta ley en el ámbito del debido proceso, en caso de infracción a la ley penal, establece garantías procesales a los niños y adolescentes acorde con nuestros principios constitucionales y con los de la Convención.

De la coercitividad establecida en la propia Ley en comento, la cual carece hasta el momento de reglamentación específica; reglamentación que de conformidad con la propia Ley, debiera quedar implementada a más tardar el día primero de Mayo del presente año, por lo que por el momento las sanciones tanto a personal docente, administrativo e inclusive las del infractor agresor no están plenamente identificadas.

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal:

I. Intervenir y, en su caso, dar parte a las autoridades correspondientes, en situaciones flagrantes de violencia en el entorno escolar que incidan de manera directa en la generación de maltrato escolar y maltrato entre escolares;

II. Coadyuvar con las acciones en materia de prevención y atención a las que se refiere la presente Ley;

III. Instrumentar, a través de las Unidad de Seguridad Escolar, las acciones para fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar;

IV. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia en el entorno escolar y del maltrato escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, los niños, las y los jóvenes, y

V. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento de esta Ley.

Artículo 19. Corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal:

I. Elaborar e instrumentar acciones de política de prevención social que incidan en la prevención de la violencia en el entorno escolar y del maltrato escolar dando prioridad a las zonas de mayor incidencia;

II. Planear y desarrollar conjuntamente con la Red, campañas de información y prevención de la violencia en el entorno escolar y del maltrato escolar desde el ámbito familiar para promover una convivencia libre de violencia;

III. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia en el entorno escolar y del maltrato escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, los niños, las y los jóvenes. Esto implica que su personal cuente con herramientas psicológicas que les permitan proporcionar un mejor servicio, en especial al personal encargado de recibir, atender y dar trámite a las denuncias penales presentadas por motivo de maltrato escolar y en general de cualquier tipo de violencia que se presente en el entorno escolar y dentro de la comunidad educativa;

IV. Formular y administrar bases de datos que contengan información de carácter público a efecto que pueda registrarse el seguimiento de los casos donde las personas que integren la comunidad educativa sean víctima de algún delito que atente contra su integridad personal, desde la etapa de averiguación previa y hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo el procedimiento respectivo para la reparación del daño, observando la mayor protección de la identidad y datos personales conforme a la legislación aplicable;

V. Participar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia y canalización de los casos de violencia en el entorno escolar, así como prácticas discriminatorias y de maltrato en la comunidad educativa, que permita articular una estrategia facilitadora de referencia y contra referencia de personas generadoras y receptoras de las mismas;

VI. Colaborar con las autoridades correspondientes para conocer, atender y prevenir la violencia en el entorno escolar y el maltrato escolar;

VII. Difundir los servicios que prestan los centros que integran el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito; los derechos que tienen las víctimas de delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, así como de violencia en el entorno escolar o maltrato escolar y las agencias especializadas que las atienden;

VIII. Operar el Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones, para atender de manera integral y multidisciplinaria a las y los estudiantes que sufren maltrato escolar y las personas receptoras de maltrato escolar, independientemente de que las conductas de los agresores constituyan o no delito;

IX. Crear unidades especializadas para la atención de las personas receptoras de violencia en el entorno escolar o de maltrato escolar que sean víctimas del delito;

X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las y los estudiantes receptores de maltrato escolar, y

XI. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento de esta Ley.

DEL MALTRATO ENTRE ESCOLARES

Capítulo I

Del maltrato entre escolares y sus tipos

Artículo 32. Se considera maltrato entre escolares, las conductas de maltrato e intimidación, discriminación entre estudiantes de una comunidad educativa. Asimismo, genera entre quien ejerce violencia y quien la recibe una relación jerárquica de dominación – sumisión, en la que el estudiante generador de maltrato vulnera en forma constante los derechos fundamentales del estudiante receptor del maltrato pudiendo ocasionarle repercusiones en su salud, bajo rendimiento en su desempeño escolar, depresión, inseguridad, baja autoestima, entre otras consecuencias que pongan en riesgo su integridad física y mental.

El maltrato entre escolares es generado individual y colectivamente cuando se cometen acciones negativas o actos violentos de tipo físico, verbales, sexuales, psicoemocionales o a través de los medios tecnológicos, sin ser éstos respuestas a una acción predeterminada necesariamente, que ocurren de modo reiterativo prologándose durante un periodo de tiempo y que tienen como intención causar daño por el deseo consciente de herir, amenazar o discriminar por parte de uno o varios estudiantes a otro en el contexto escolar.

Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos de maltrato entre escolares los siguientes:

I. Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica.

También comprende actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser silencios, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de abandono que provoquen en la y el estudiante daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y social;

II. Físico directo: toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal;

III. Físico indirecto: toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias de las y los estudiantes como la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos u otras pertenencias;

IV. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y los estudiantes;

V. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda violencia psicoemocional implementada a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por esa vía de comunicación.

Suele ser anónima y masiva donde, por lo regular, la mayoría de integrantes de la comunidad educativa se entera de la violencia ejercida, y

VI. Verbal: acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, poner sobrenombres descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre otras.

Artículo 34. El personal docente, directivos escolares y el personal administrativo de las escuelas dependientes del Gobierno del Distrito Federal que tengan conocimiento de casos de maltrato en cualquiera de sus manifestaciones definidas en esta Ley o de la comisión de algún delito en agravio de las y los estudiantes, lo harán del conocimiento inmediato y, en su caso, presentarán las denuncia correspondiente, ante la autoridad competente e informarán a los padres, madres de familia o tutores.

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