El doctor en Derecho Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su cuenta de Twitter tiene más de 67,000 seguidores. Su sitio web es www.miguelcarbonell.com


Con independencia de su desenlace, el debate público que suscitó el caso de Florence Cassez ha sido enormemente provechoso. Ha servido para dibujar de cuerpo entero a un sistema judicial que por un lado premia la simulación (y la ratifica a lo largo de tres instancias), pero que además es enormemente laxo a la hora de valorar posibles violaciones a los derechos humanos que tiene toda persona, haya o no cometido un delito.

Si eso fuera todo lo que nos enseña ese caso, ya habría sido mucho. Pero hay algunos elementos adicionales que vale la pena considerar. El caso Cassez habla de nuestra policía, de nuestras procuradurías, de nuestros jueces, magistrados y ministros, de nuestra diplomacia, del respeto que tenemos (o no tenemos) hacia los tratados internacionales, de la forma en que llevamos a cabo procedimientos que pueden quitarle a una persona su libertad por décadas, etcétera. El Estado de derecho en su conjunto salió retratado con todas sus fallas y debilidades.

Al procurar e impartir justicia, el Estado mexicano ofrece un preocupante paisaje lleno de zonas opacas o de plano invisibles, actuaciones arbitrarias, simulaciones de operativos policiacos que pasan por encima de todos los derechos, llamativas relaciones de complicidad entre policías y reporteros (como ha sido siempre, por otro lado), prácticas de tortura y vejaciones recurrentes, invención y manipulación de pruebas, ausencia de profesionalismo en la investigación, laxitud a la hora de formular argumentos jurídicos para condenar a una persona, entre otras cuestiones.

No hubo nadie (casi nadie, mejor dicho) que saliera a defender la pulcritud del trato que la policía le da a los detenidos, la acuciosidad con que se conducen las procuradurías, el rigor interpretativo de nuestros jueces o magistrados. Nadie estuvo dispuesto a poner las manos en el fuego por ellos. No es extraño, dadas las múltiples fallas que el caso Cassez puso en evidencia.

Más bien habría que decir que la desconfianza ciudadana que ya existía respecto a la justicia mexicana, obtuvo una sólida base empírica de confirmación: un sistema que actúa como lo vimos en el caso de Florence Cassez es increíble. No se sostiene por ningún lado. Ninguno de los actores que han intervenido en el caso ha salido bien librado, con excepción de los tres Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte que el pasado 21 de marzo votaron a favor de restablecer la legalidad y otorgarle un amparo a Cassez (aunque no pudieron ponerse de acuerdo sobre los efectos de dicho otorgamiento y eso obligó a retornar el caso a la Ministra Olga Sánchez Cordero para que formule un nuevo proyecto).

El caso de Florence Cassez es muy grave. Lo peor es que, con toda probabilidad, no se trata de un caso único, sino que más bien responde a un patrón de injusticias que se reproduce hasta el infinito. De ahí la importancia de estudiarlo y analizarlo sin prejuicios. Lo que se decida por parte de la Suprema Corte nos importa a todos, porque nos va a afectar a nosotros y a la generaciones venideras. Lo que está en juego no es solamente la libertad de una ciudadana francesa, sino el futuro de la justicia que queremos para México.

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