EL RETO DEL MODELO ACUSATORIO EN NUESTRO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
by Fonseca, Kono, Nava y Asociados on Friday, September 21, 2012 at 5:25pm ·

El proceso de las Reformas Penales de corte acusatorio inician en América Latina en 1998 en la provincia de Mar del Plata, Argentina; le siguen también en 1998 Guatemala, CostaRica y El Salvador; continúan Venezuela en 1999; Chile y Paraguay en 2000, Bolivia, Ecuador y Nicaragua en 2001; Honduras en 2002; República Dominicana en 2004; Colombia en 2005; Perú en 2006 y Panamá, Brasil y México en 2008. Este conjunto de reformas penales emprendidas en nuestro continente, ha tenido aciertos, pero también bemoles en la profundidad de los cambios operacionales del sistema debido a la falta de un modelo de implementación formalmente conceptualizado desde los inicios del proceso de cambio. Esto ha traído como consecuencia que las reformas de gestión y administración de la justicia, por parte de las instituciones correspondientes, hayan caminado con experiencias de ensayo y error, teniendo repercusiones en el actuar de las actividades sustantivas de impartición de justicia. De estos modelos se toman básicamente los siguientes aspectos: a) Considerar mecanismos adecuados para la medición y evaluación de los avances y los impactos desde el inicio del cambio; b) Contar con una fuerte coordinación interinstitucional entre todas las instancias participantes–los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno; c) Dotar oportunamente de los recursos requeridos para la implementación; d) Lograr una capacitación integral tanto a los operadores como a los usuarios del sistema, proveyendo de conceptos y principios básicos sobre los que se sustentan las reformas.

Para el caso de México, e lproceso de implementación de la Reforma Penal siguió una lógica distinta a los países mencionados, toda vez que en lugar de iniciar del ámbito federal al local, se avanzó de lo local a lo federal. Lo cual significa un reto particular, pues en tanto que la lógica de los cambios institucionales del Estado Mexicano generalmente han sido del centro al interior, en este proceso en particular resulta forzoso considerar las experiencias del ámbito local para efecto de mejorar el proceso de implementación a nivel federal.  La reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 prevé, de conformidad con el artículo segundo transitorio, que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria, sin exceder el plazo de 8años contados a partir del día siguiente de su publicación, el cual vence el 18 de junio de 2016. Actualmente sólo11 Estados han reformado su legislación local y cuentan con un Código Procesal así como leyes acordes y el sistema se encuentra operando, a saber: NuevoLeón(2004), Estado de México(2006), Chihuahua(2007), Oaxaca(2007), Morelos(2008), Durango(2009), Zacatecas(2009), BajaCalifornia(2010), Guanajuato(2011), Yucatán(2011) e Hidalgo(2011).  A su vez los que se encuentran en la etapa inicial de su implementación son los siguientes 7 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, QuintanaRoo, Sinaloay Veracruz. Los Estados restantes se encuentran en su fase de planeación. El reto de este nuevo sistema de justicia debe contemplar tres aspectos fundamentales: 1).- Un cambio gradual de cultura, que ha resultado el que más resistencia y oposición ha resentido y con justa razón, ya que es imposible que sobrevenga un cambio que requiere más de 10 años como mínimo para hacerlo gradualmente pero en forma constante con cursos públicos y abiertos en cualquier medio de comunicación y/o redes sociales, lo que desgraciadamente no aconteció y se espera un márgen de error alto en los fallos judiciales; 2).- Implementación por medio de una planeación metodológica, que al no llevarla debidamente por muchas Entidades federativas, correrá la misma suerte que el punto que precede; y 3).- La gradualidad en el proceso de implementación. Solo los Estados en donde opera el modelo en cuestión, han realizado una implementación gradual, destacando dos modelos, los que son por tipos de delito y los que son por territorio. De manera particular, en Chihuahua y Oaxaca se dio una implementación gradual por territorio, mientras que en Nuevo León el procedimiento oral se puso en marcha inicialmente con los delitos culposos no graves, se continuó con los delitos culposos graves perseguibles por querella y se planteó concluir con los ilícitos de oficio no graves. La gradualidad consistió también en iniciar con la etapa de preparación del juicio y continuar propiamente con el juicio oral. Para implementar adecuadamente las Reformas, no basta contar con especialistas de varias disciplinas trabajando en el proceso de manera aislada, sino que es menester su interrelación e interdependencia en el ejercicio de sus tareas. Resulta una pregunta obligada el cuestionar dónde están los órganos jurisdiccionales y operadores nuevos a tan escasos tres años de su aplicación? Así mismo, consideramos que las Universidades debe de cumplir un papel fundamental para que sus planes de estudios se modifiquen en razón a esta trascendente reforma constitucional y realicen convenios con instituciones públicas para que tanto alumnos como futuros operadores del sistema, tengan la asimilación de este nuevo sistema e justicia; lamentablemente debemos reconocer que no se ha tenido la debida comunicación y trabajo conjunto con la gran mayoría de Universidades, dejando en la responsabilidad de profesores atentos a este cambio, realicen por iniciativa propia los ajustes a sus cátedras para enseñar cuando menos, los aspectos y principios jurídicos básicos que rigen este nuevo sistema de justicia. No vislumabramos hasta este momento, un éxito en la implemengtación de este sistema de justicia y de no realizar los protagonistas en su efectividad los ajustes idóneos y aplicar mecanismos necesarios en forma extra urgente, las decisiones de muchos jueces seguirán generando casos injustos e impunidad, lo que resulta un costo social muy alto al tener solamente como aliciente la expeditéz de la justicia misma.