http://www.youtube.com/watch?v=Mp-8gRAWWqI En el año 2008, la justicia mexicana sufrió drásticos cambios en su estructura, derivados principalmente por presiones externas y el liderazgo de la SCJN, con la finalidad de ajustarla con los estándares Internacionales, reestructurando la  justicia penal mexicana de un sistema “Inquisitorio y Persecutorio”, a uno de corte Acusatorio Adversarial, cuya característica principal de su oralidad, la revisten de transparencia y certeza jurídica.

Derivado principalmente de ello, nuestro País, realizó como se ha mencionado con anterioridad, cambios drásticos en la procuración de Justicia, generándose una REFORMA total de nuestro SISTEMA DE JUSTICIA PENAL como ya mencionamos, y otros de gran envergadura respecto de los DERECHOS HUMANOS, en el mes de junio de 2011.

Liderados por la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cambios antes señalados derivaron como resultado entre otros, elevar a rango CONSTITUCIONAL, la
protección de los DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS y su DIGNIDAD.

Adicionalmente y como si lo anteriormente señalado fuera poco, nuestro País se ha visto inmerso en un fenómeno social mundial conocido universalmente como “Bullying” y tipificado en diversas legislaciones federales y locales mexicanas, como “Acoso Escolar”, el cual tiene sus orígenes cognoscitivos en Suecia y Holanda. Por supuesto, únicamente el nombre es nuevo, ya que este atípico comportamiento en la sociedad se ha engendrado como una Pandemia Mundial.

En México, algunas entidades federativas han incluido en su normatividad respecto a esta conducta atípica e inserta en el seno de las familias y en el entorno escolar, como un elemento constitutivo de la “Discriminación”, conducta social también tipificada en los Códigos Penales de algunos Estados de la República y en el propio Código Penal Federal, como delitos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indica que “la proliferación de actos de violencia física y emocional en las Escuelas en México, representa un riesgo para más de 18 millones de niños y jóvenes que estudian primaria y secundaria”, por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), indica que México ocupa el nada honroso 1er lugar de acoso y violencia escolar en los grados de secundaria, esta Organización Internacional afirma que uno de cada 10 alumnos de educación básica, alrededor de 2.5 millones de menores, son o han sido víctimas de violencia en los centros escolares. Cifras por demás ALARMANTES.

Este fenómeno social del Acoso Escolar, también denominado  como: “Bullying”, “Ciberbullying”, “Sexting”, etc., por sus características DISCRIMINATORIAS, puede desencadenar fatales consecuencias y responsabilidades LEGALES, para los diversos OPERADORES de la Educación en México.  El TEMA y su COMPLEJIDAD desde el punto de vista Jurídico, NO permite AMBIGÜEDAD O SIMPLICIDAD al respecto.

En la COMUNIDAD ESCOLAR, hace falta hacer conciencia, difusión y principalmente ENFATIZAR las consecuencias,  implicaciones y responsabilidades LEGALES que tanto el personal Administrativo, Directivo, Docente,  de Mantenimiento y de Seguridad de los Colegios enfrentan ante este flagelo social. Los operadores de la  comunidad educativa, ante esta CONDUCTA de corte DELICTIVO de los menores de edad, comúnmente conocidos como “Bullies o Buleadores” y la posible complicidad muchas veces inconsciente, otras  consciente  de sus Padres y/o Tutores, enfrenta posibles consecuencias y responsabilidades de carácter Civil, Económico y Penal, derivado de la falta de ACCIÓN u OMISIÓN ante dicha conducta manifiesta en la comunidad educativa.

Los directivos, el personal docente, administrativo, de seguridad y de mantenimiento de las Instituciones Educativas mexicanas, están en riesgo constante, de entre otros, perder su LIBERTAD, y LICENCIA para ejercer el noble servicio de su vocación educativa, por el simple hecho de verse involucrados activa o pasivamente en estas CONDUCTAS, que están TIPIFICADAS en la LEY como DELITOS.

Como consecuencia de los ajustes descritos, el Congreso en sesión plenaria, propuso cambios significativos en la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, estableciendo Normatividad y Políticas específicas para diagnosticar, instrumentar, prevenir, controlar y erradicar, este fenómeno Social orientando de esta manera la educación a  fomentar la cultura de la paz.