Entre otros cambios en la Legislación educativa, se obliga a las Instituciones Educativas en el País a notificar de inmediato a la autoridad competente, la posible comisión de algún delito.

El artículo 7° de la Ley General de Educación, en sus fracciones VI, XV y XVI establece que: “Se deberá promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el reconocimiento de los Derechos Humanos y el Respeto a la dignidad de las personas”.

De conformidad con el Artículo 42 de la Ley en comento, en la impartición de educación para menores de edad, se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su dignidad.

El Artículo 73 del mismo ordenamiento legal prevé la suspensión temporal de las actividades del personal docente o administrativo que se encuentre presuntamente involucrado.

Son infracciones a la Ley General de Educación el “efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos” y el “Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento” (Bullying, Ciberbullying, Acoso, Discriminación, etc.

Las sanciones a dichas infracciones según lo dispone la fracción I del artículo 76 de la Ley General de Educación, causarán una multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción (Alrededor de $300,000.00) éstas, podrán duplicarse en caso de reincidencia.